Madrid, 19/07/07- Jaume d'Urgell, detenido durante la manifestación por una Vivienda Digna del 14 de mayo de 2006 por sustituir la bandera nacional por una republicana en un edificio oficial de Madrid, será juzgado el próximo jueves 4 de octubre, a las 11:00 de la mañana, en el Juzgado de lo Penal número 5, de Madrid.

Ese 14 de mayo, durante el desarrollo del reclamo en las calles que siguió a la primera de las sentadas “Por una vivienda digna y contra la precariedad laboral”, al pasar frente a la sede de los juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo, que se encuentra en el 19 de la Gran Vía, en Madrid, Jaume d'Urgell decidió escalar la fachada del edificio y acceder al mástil donde se encontraba la bandera rojigualda, para arriarla e izar la tricolor en su lugar.

No hubo resistencia, se trató de un acto de desobediencia civil pacífica; tampoco hubo intención de ocultarse, la acción se llevó a cabo a cara descubierta, ante unas 2.500 personas; no hubo destrozos ni se dañó el mobiliario urbano, ni ninguno de los elementos decorativos del edificio; tampoco se vejó la bandera rojigualda, no se le prendió fuego, ni se le escupió o pisoteó, simplemente el joven retiró la bandera rojigualda para expresar la opinión de que aquel “no es lugar para un símbolo militar rebelde, fascista y antidemocrático”.

Jaume d'Urgell fue seguido discretamente por siete efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, hasta que dos de ellos se abalanzaron sobre él, doblándole las muñecas para inmovilizarle, y le condujeron a las inmediaciones del palacio del Senado, frente al cual se encontraban en ese instante.

Según la defensa del joven, los policías presentaron más tarde un atestado policial “con la hora del arresto falseada, a fin de poder imputarle la autoría de unas lesiones ocurridas dos horas más tarde de haberse producido la detención”.

“Entre las falsedades relatadas por los policías destacan los supuestos insultos del acusado a los agentes y la destrucción del mobiliario urbano, embustes con los que se pretende dar cuerpo a la falsa imputación de Desórdenes públicos. Asimismo, la policía pretende demostrar que Jaume organizó y dirigía la manifestación (él solo), lo que evidentemente es falso, entre otras cosas porque ese mismo día acababa de regresar de su viaje de boda, y además, hasta ese momento ni siquiera había asistido a las reuniones preparatorias”, agrega la defensa.

Jaume fue puesto en libertad con cargos 27 horas más tarde, habiéndose negado a declarar ante la policía -en su lugar lo hizo más tarde, ya en sede judicial-. Se decretó la obligación de presentarse ante el juzgado cada 15 días, situación que se ha prolongado durante más de un año.

Por la acusación de Desórdenes públicos (artículo: 557.1 del Código Penal), el fiscal solicita una condena de un año de cárcel, y por la acusación de Ultraje a España (artículo 543 del Código Penal), solicita 11 meses de multa, a razón de 12 euros por día.